La única camioneta que tiene el cuerpo de socorro se pudre en un parqueadero debido a un embargo.
Una deuda de 85 millones dejó sin carro a los bomberos del municipio de Orocué (Casanare), donde este año ya se han quemado 600 hectáreas de sabana, mientras que la camioneta se pudre en un parqueadero de la localidad. El embargo del único carro de los bomberos de Orocué tiene apagados los ánimos de los 16 voluntarios que no saben cómo atender las emergencias. La camioneta, que fue comprada hace dos años a través de un convenio entre la Gobernación la Alcaldía y los bomberos, fue embargada por orden de un Juez municipal. Ahora, cada vez que hay una emergencia, los voluntarios tienen que salir en cicla o a pie, con su equipo al hombro. Y cuando están de suerte, la Policía o alguna compañía petrolera les presta un vehículo que no reúne las condiciones propias para atender las eventualidades. La más reciente emergencia ocurrió a principios de la semana pasada, cuando un incendio acabó con 400 hectáreas de sabana en la vereda La Esmeralda. "Nos vimos a gatas para controlar el incendio, pues nos tocó bregar con la ayuda de la comunidad para evitar que se siguiera quemando la vegetación", dijo Hernedys Tovar, comandante del Cuerpo de Bomberos de Orocué. Este año ya se han quemado en Orocué 600 hectáreas de vegetación. Y es que por la falta de carro extintor y de equipos adecuados, los bomberos han tenido que pasar por muchas dificultades. Una de ellas ocurrió durante la celebración de un coleo, cuando se incendió una parte de la manga. Una compañía les prestó un carro tanque para cargar el agua, pero las llamas consumieron rápido la estructura, la cual cayó encima del vehículo. En el 2007, las anteriores administraciones departamental y municipal suscribieron el convenio 007 para la compra de una camioneta Dimax 4X4, por un valor de 170 millones de pesos. Para la compra, el municipio pagó 85 millones de pesos y el compromiso con la empresa Dota equipos Ltda., fue que dos meses después de recibir el vehículo pagara los otros $85 millones. Según Héctor Gualdrón, secretario de Gobierno de Orocué, la Gobernación se demoró en desembolsar los recursos y casi un año después, cuando el Municipio fue a pagar la segunda parte, Pedro Pablo Rodríguez, representante de la firma contratista, no aceptó el trato e inició el proceso de embargo.
